Más de medio de millón de empleadas del hogar, sin derecho a paro ni a vacaciones pagadas por el atasco de una ley

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No hay obligación de hacerles un contrato; trabajan una media de 12 horas cuando se les paga por la mitad y la gran mayoría no llega ni al salario mínimo interprofesional. En 2007 el Gobierno prometió para antes de que acabara esta legislatura una ley que mejorara las condiciones de este colectivo, que en su mayoría subsiste en la economía sumergida. Hoy el PNV lleva al Congreso una iniciativa para denunciar la "semiesclavitud" de estas trabajadoras.
Cuando contratamos los servicios de un fontanero un albañil para cualquier ‘chapuza’ en casa, estamos obligados a pagar –otra cosa es que lo hagamos-–los impuestos correspondientes por sus servicios. Pero cuando necesitamos de una señora que nos limpie en casa o cuide de nuestros hijos no tenemos que rendir cuentas a la Seguridad Social a no ser que trabaje 19 horas por semana en nuestro domicilio.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay unas 800.000 empleadas del hogar –la mayoría mujeres- de las que sólo 280.000 están afiliadas a la Seguridad Social. El resto –cerca de 520.000- subsisten en la economía sumergida con salarios míseros y unas condiciones laborales que no se corresponden con el siglo XXI.

La normativa vigente, que data de principios de los años 70, no obliga a realizar un contrato a una asistenta o una cuidadora con el que poner por escrito sus condiciones laborales. Y aunque hayan cotizado lo suficiente, el Régimen Especial de las empleadas del hogar no reconoce el derecho a paro, ni a jubilarse anticipadamente ni la misma cobertura que el resto de trabajadores en caso de enfermedad.

Se les reconoce 30 días de vacaciones al año, pero de ellos sólo pueden disfrutar 15 seguidos y en ningún caso remunerados.

La explotación de los 'sin papeles'

Pero hay más. Según datos de la Asociación de Empleadas del Hogar, el 71% de las empleadas del hogar ‘contratadas’ en 2010 eran mujeres extranjeras, de los cuales el 52% son ‘sin papeles’ que “tienen una necesidad imperiosa de ganar dinero y aceptan lo que sea. Se les ofrece 800 euros por trabajar de lunes a viernes y 1.000 si trabajan todo el fin de semana. Se trata de una auténtica explotación ya que trabajan casi 48 horas más por 200 euros de diferencia”, explica Isabel Otxoa, abogada de esta asociación. “El 30% de las internas no tiene ni un día de descanso pese a lo legal sería un día y medio”, añade.

En 2007 el Gobierno prometió que antes de que acabara la legislatura estaría lista una ley que les reconocería el derecho a paro y a vacaciones remuneradas y a la vez hacer frente a un importante nicho de la economía sumergida. Pero tres años después, esta promesa electoral duerme en el sueño de los justos. El objetivo era integrar de forma gradual a este colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social para equiparar sus condiciones laborales a la del resto de trabajadores.

Para Otxoa dos son las razones de que esta ley esté “atascada” en la mesa del diálogo social. Primero porque es un tema que afecta fundamentalmente a mujeres: “Si se tratara de electricistas o fontaneros, los sindicatos ya hubieran tratado de poner firme al Gobierno de turno”, añade Otxoa. Y segundo porque esta norma ya no es una prioridad en un momento de crisis: “Ya no estamos en época de gasto social”, concluye.

La mitad no llega al salario mínimo

Hoy el PNV recordará al Gobierno el incumplimiento de esta promesa electoral y otras injusticias de este colectivo que "rozan la semiesclavitud", en palabras de Emilio Olabarría. Este diputado del Grupo Parlamentario Vasco defenderá este martes una proposición no de ley a favor de regular el servicio doméstico para poner freno a injusticias como que la mitad de las empleadas del hogar no cobre ni el Salario Mínimo Interprofesional ( 633, 30 euros) “porque del sueldo total se les puede descontar un 45% por ofrecerles alojamiento y alimentos".

Olabarría también denuncia que como muchas de estas empleadas son internas, aunque se les paga por 8 horas, en realidad trabajan una media de 12 o 14 horas por lo que el PNV exige que “se regulen los tiempos de descanso” y que se permita a estas trabajadoras afiliarse a la Seguridad Social “sin un límite de horas” porque así saldrían de la economía sumergida “un elevado número de ‘sin papeles’ que por el hecho de trabajar podrían regularizar su situación”.

Mejorar la inspección a las agencias de colocación y que la Inspección de Trabajo realice un estudio sobre las condiciones laborales de las empleadas del hogar completan la lista de exigencias que recoge la iniciativa del PNV.

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Lo que debería hacer la Administración es redistribuir la inmigración para toda España y exigirle unos conocimientos y capacidades mínimas para que opte a puestos de trabajo. Actualmente, la inmigración se concentra en Catalunya y se trata de personas poco preparadas, lentas y poco cualificadas. Tienen mucha suerte de haber podido acceder a puestos de trabajo habiendo tantísima demanda, las que lo han conseguido. Personalmente, con mi sueldo de funcionaria no me puedo permitir la ayuda doméstica ni mucho menos.